Tras superar siglos de marginación, exclusión y resistir a exterminios de gran dimensión, los pueblos indígenas latinoamericanos enfrentan un presente de participación mas activa en política, en protesta social y en reconocimiento de derechos y autonomía para preservar sus raíces y tradiciones.
Unos más organizados que otros, hacen sentir su influencia para definir los nuevos rumbos de naciones consumidas por la corrupción, por la reivindicación de sus territorios y cuestionan en voz alta las políticas de libres mercados económicos que se negocian con los Estados Unidos.
Los logros han sido representativos: asumen la vocería de sus comunidades para transmitir sus inquietudes a los gobiernos y otros sectores sociales, denuncian los abusos por parte de los grupos armados ilegales y consiguieron lugares en los espacios políticos electorales y en las corporaciones públicas.
Sin embargo, no es suficiente. Todavía se violan sus derechos y los Estados poco se preocupan por garantizarlos y preservarlos; sus territorios, que están en zonas vulnerables al conflicto armado, no tienen protección; están al margen de las negociaciones económicas internacionales y quizá las más grave, los líderes tienden a burocratizarse olvidando los principios que articulan la lucha indígena.
Se trata pues, de un momento oportuno, para que estas comunidades sigan con el avance de la construcción de un proceso de unidad fundamentado en la autonomía, el territorio y la cultura, que incluya el fortalecimiento político, el bienestar social y el afianzamiento institucional, abierto a una integración que genere reconocimiento en esos mismos aspectos.
Es una oportunidad de integración entre los pueblos del continente, que permita un aporte de los elementos que los diferencian, para edificar una fuerza que promueva cambios profundos en Latinoamérica. Revista Terra Colombia 2007.
Las culturas indígenas, con sus propias identidades, tradiciones, costumbres, organización social y cosmovisión nunca tuvieron un lugar en el proceso de "construcción de la nación" en América Latina. Es más, las políticas indigenistas estatales de los años 40 fueron diseñadas para "integrar" o "asimilar" a los indígenas. Hoy, América Latina experimenta un resurgimiento de las organizaciones indígenas, que rechazan la asimilación, afirman sus raíces y reclaman sus derechos.
El surgimiento, en los últimos años, de pueblos indígenas como nuevos protagonistas sociales y políticos en América Latina puede ser visto como un paso en la transformación del Estado y la transición a una nueva forma de vida, más democrática. Durante el periodo colonial, los pueblos indígenas tuvieron un status claramente definido en la sociedad, pero desde el surgimiento de las repúblicas independientes en la región, hace casi 200 años, su relación con el Estado y sus instituciones ha sido difícil y ambigua. En los comienzos de un nuevo milenio, los países latinoamericanos se ven confrontados ahora con la tarea de redefinir esa relación a la luz de las nuevas identidades indígenas que resurgen, articulando antiguas reivindicaciones y planteando nuevos reclamos.
Las teorías del cambio social otrora de moda -la modernización y la construcción de la nación- que predominaron en las ciencias sociales durante más de medio siglo, son desafiadas hoy por los nuevos movimientos sociales de los pueblos indígenas y sus idearios políticos.
Las Naciones Unidas comenzaron a interesarse por los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas en los años 50. También por esas fechas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas y en 1957 aprobó la Convención 107 para la protección de los indígenas y los pueblos tribales en los países independientes. En América Latina, la OIT lanzó un ambicioso "Proyecto Andino" en varios países, concebido para ayudar al desarrollo y la asimilación de las comunidades indígenas a través de un enfoque integral. Se trató del primer esfuerzo internacional coordinado para abordar el "problema indígena".
En los años 70, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe sobre la situación de los pueblos indígenas, y a comienzos de los 80 creó un Grupo de Trabajo sobre el tema. Uno de los resultados de esas actividades fue la elaboración de un proyecto de Declaración de los Derechos Indígenas, prevista para ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte de la Década Internacional de los Pueblos Indígenas (1995-2004). La Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó el mandato de un Relator Especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en 2001, y también fue establecido un Foro Permanente para Asuntos Indígenas que depende directamente del Consejo Económico y Social. En el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) se está elaborando una Declaración regional americana de derechos indígenas. Las Naciones Unidas en un intento para apoyar los movimientos indígenas han decretado nuevamente un nuevo decenio (2005-2010).
Numerosas organizaciones creadas en los años 60 consolidaron sus actividades en los 80. Muy pronto lograron salir del capullo de las actividades "centradas en la comunidad", a las que se intentan limitar a menudo en los proyectos de desarrollo estatales. Mientras que los programas de "desarrollo comunitario", algunos financiados por agencias multilaterales y organizaciones no gubernamentales (ONG), generaron un creciente compromiso de la población local, pronto quedó claro para los líderes indígenas que las actividades locales tenían repercusiones políticas sumamente limitadas. Algunas de esas asociaciones, como la de los shuar en Ecuador, fueron capaces de crear identidades indígenas transcomunales, incluyendo un creciente número de comunidades locales y destacando la identidad étnica como lazo unificador y agente movilizador. Un importante número de organizaciones étnicas comenzaron a aparecer en el escenario político, con sus líderes representando más el grupo étnico como tal que una u otra comunidad rural en particular. Ese nivel de organización fue seguido rápidamente por asociaciones regionales, incluyendo a varios grupos étnicos. Así nacieron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia, la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) y muchas otras. Todas ellas celebran congresos, publican manifiestos y plataformas, dirigen peticiones al Estado, a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional, y a menudo organizan acciones militantes, tales como manifestaciones, marchas de protesta, ocupaciones de tierras y resistencia activa, o inician procedimientos legales y hacen trabajo de lobby en los parlamentos y las oficinas públicas, a fin de impulsar sus proyectos y alcanzar sus variados objetivos.
Organizaciones locales, intercomunales y regionales, grupo de defensa de intereses estructurados formalmente, federaciones nacionales, ligas y uniones, alianzas transnacionales y coaliciones, con intensos contactos y actividades internacionales. Ciertamente, puede afirmarse que esas organizaciones indígenas, sus líderes, sus objetivos, actividades e ideologías emergentes constituyen un nuevo tipo de movimiento social y político en la América Latina contemporánea, cuya historia aún no ha sido analizada en detalle. Un nivel más reciente de organización es la confederación indígena nacional. Nuevamente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha estado a la vanguardia de esas actividades políticas, organizando varios grandes "levantamientos" indígenas pacíficos en Ecuador, en 1990, 1993 y 1999, que prácticamente paralizaron el país y forzaron al gobierno nacional a negociar con los pueblos indígenas acerca de temas agrarios y otros. Aún más importante fue la alianza del movimiento nacional indígena Pachakutik con un grupo de mandos medios del ejército para expulsar de su cargo al presidente de Ecuador, en enero de 2000. La Unión de Naciones Indígenas de Brasil (UNI), que congregaba a numerosas tribus de la Amazonía, desempeñó un papel crucial en las discusiones políticas para la redacción del artículo dedicado a los pueblos indígenas en la nueva Constitución del Brasil (1988). En forma similar, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) tuvo parte activa en los debates políticos nacionales que llevaron a la nueva Constitución de Colombia en 1991.
Las organizaciones indígenas han traspasado también las fronteras nacionales, desarrollando actividades a nivel internacional. En América Central y del Sur, los activistas indígenas intentan crear organizaciones regionales transnacionales, con éxitos variados. Y desde fines de los años 80 ha tenido lugar un importante número de congresos internacionales, regionales y continentales, en un intento de coordinar las actividades indígenas en torno a la conmemoración del Quinto Centenario del "Encuentro de Dos Mundos" (o 500 Años de Resistencia Indígena), el Año de los Pueblos Indígenas de las NN.UU. (1993) y la Década de los Pueblos Indígenas, también proclamada por la ONU y que comenzó en 1995. Representantes indígenas de América Latina participan activamente (aunque no tan activamente como sus colegas de Norte América) en las discusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que prepara una Declaración de los Derechos Indígenas (a ser considerada, es de esperar, en la Asamblea General en un futuro próximo), y han tomado parte brevemente en los debates en torno a la adopción del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (1989).
Como resultado, las organizaciones indígenas –y sus defensores promueven la creación de una agenda mundial para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas antes de que sea demasiado tarde. Algunos de los principales temas de esa agenda son: El derecho a tierras y el reconocimiento de sus propios territorios. En vista de que las comunidades indígenas en América Latina han estado tradicionalmente vinculadas a la posesión de la tierra como recurso productivo básico, la pérdida de sus tierras ha llevado a una pérdida progresiva de su sustento y posibilidades de sobrevivir. Las tierras indígenas siempre han sido comunitarias y la actual tendencia a la privatización de lo que queda de esa propiedades comunes (el proceso comenzó bajo los regímenes liberales en el siglo XIX) está minando la base ecológica de las comunidades indígenas, ya sumamente frágil. México en los años 30, y Bolivia en los 50, entre otros países latinoamericanos, iniciaron reformas agrarias para favorecer a los pequeños campesinos (en su mayoría indígenas), pero en los años 90 comenzaron a aplicarse contrarreformas, que deterioran progresivamente la relación de las comunidades indígenas con sus tierras.
El derecho de los pueblos a la autodeterminación es entendido por las organizaciones indígenas mayormente como el derecho a la autonomía local y regional, y nunca ha sido interpretado como un derecho a la secesión o separación de Estados nacionales existentes. Los gobiernos de algunos países latinoamericanos están abiertos a ese tipo de reclamos, mientras que otros, como México, tienen un profundo recelo.
Los pueblos indígenas de América Latina ni buscan ni exigen la secesión de los Estados nacionales. Luchan por los derechos humanos, pero por más que derechos individuales iguales a los del resto de la población. A través de las nuevas constituciones y legislaciones progresivas buscan definir una nueva relación con los Estados nacionales, en la que sean garantizados sus derechos colectivos y reconocidas sus identidades. En ese sentido, los movimientos indígenas no son "nacionalistas", pero constituyen un desafío a la noción dominante de Estado-nación. Sus exigencias de autonomía territorial -en algunos casos- es una cierta forma de autodeterminación, pero no en el sentido que prescribe el derecho internacional. Los indígenas exigen un nuevo tipo de ciudadanía, que por tanto tiempo les fue negada. Algunas de las nuevas organizaciones indígenas tienen como objetivo el acceso al poder político, pero viendo que es improbable tanto a través de elecciones como de medios no democráticos la mayoría de ellas se limita a exigir una mayor participación política. Aun a efectos de obtener esos beneficios tan modestos como limitados será necesario que cambie la naturaleza del Estado-nación latinoamericano. [i]
[i] Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Año 3, Nº 7 Primer semestre de 2002. ISSN 1575-6823 http://us.es/araucaria.
Rodolfo Stavenhagen (El Colegio de México).
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